Después de la última dictadura se discutió el papel del psicoanálisis lacaniano. Se dijo que era “despolitizado, subjetivista e individualista”. Este artículo revisa las acusaciones que aún hoy son material de debate.
POR SERGIO E. VISACOVSKY*
Como sucedió en muchos ámbitos de la sociedad argentina tras el retorno democrático en 1983, algunos psicoanalistas se dedicaron a pensar sobre el pasado reciente. Compartían con otros actores sociales la preocupación por cómo el terrorismo de estado en la última dictadura militar había sido posible; y cómo el mundo psicoanalítico, sus instituciones y practicantes habían actuado en esos tiempos nefastos, y el porqué de su conducta. También, qué cambios se habían producido en las perspectivas teóricas y clínicas psicoanalíticas, y en campos afines (como la psiquiatría), qué relaciones habían tenido y debían tener de ahora en más con la política, los intelectuales, la práctica psiquiátrica y la atención sanitaria; en último lugar, cuál era su papel en la nueva coyuntura. Buena parte de quienes participaron de esta tarea se enfrentaron al desafío de entender un fenómeno que consideraban novedoso y sorprendente, el desarrollo y la expansión de la nueva perspectiva dominante en las carreras universitarias y servicios hospitalarios: los adeptos a las teorías del psicoanalista francés Jacques Lacan (1901-1981).
Quienes asumieron esta labor no poseían una identidad institucional o teórico-clínica homogénea, aunque en general pertenecían a las generaciones de psicoanalistas vinculados a los movimientos psicoanalíticos y de salud mental de los 1960 y el primer lustro de los 1970, con alto grado de politización y radicalización, tales como los grupos Plataforma y Documento, que se separaron de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) en 1971; o la Coordinadora de Trabajadores de la Salud Mental, creada en 1972 por la Federación Argentina de Psiquiatras, y las asociaciones de Psicólogos y Psicopedagogos. En modo similar a como habían caracterizado a la APA de los años 1960 y comienzos de los 1970, coincidían en que el lacanismo constituía un nuevo dogmatismo. Sin embargo, el punto principal residía en que, desde su punto de vista, la expansión del lacanismo en los 1980 (que seguiría en los 1990) estaba relacionada a la última dictadura militar. Sostenían que era consecuencia de una gran ruptura que había seguido al golpe militar de 1976, que llevó a que muchísimos psicoanalistas y otros “trabajadores de la salud mental” abandonasen los hospitales psiquiátricos, los servicios hospitalarios o las universidades por las persecuciones, expulsiones, secuestros y asesinatos. Fue la oportunidad para que ingresaran a las instituciones nuevas generaciones de profesionales, que diferían teórica e ideológicamente de las de los años 1960-1970 (para quienes el trabajo en ámbitos públicos constituía un compromiso o una forma de militancia), que tenían escaso o nulo interés por las cuestiones sociales y políticas. Estaban convencidos que la obra de Lacan había ingresado y expandido durante la última dictadura, aunque muchos sabían que había circulado bastante tiempo antes a 1976. No obstante, no dudaban en afirmar cuán decisiva habría sido la tarea de los grupos de estudio y algunas instituciones lacanianas, por su presunta renuncia a lo público a favor de un repliegue a los consultorios privados.
Pero algunos fueron más allá, imputando una adecuación ideológica entre el lacanismo y la dictadura. Esta acusación circuló a través de algunos textos, y mayormente por vía oral. Una importante excepción fueron los escritos conjuntos de Carlos Villamor y Juan Jorge Fariña, entonces psicólogos del Movimiento Solidario de Salud Mental. Para ellos, el éxito del lacanismo respondía a aspectos constitutivos de la teoría y la práctica lacanianas que se adecuaron a los imperativos ideológico-políticos reinantes. Destacaban un carácter despolitizado, subjetivista e individualista, que priorizaba los tratamientos individuales por sobre los grupales, desechaba los enfoques comunitarios o la atención primaria, y era refractario al determinismo social del psiquismo. Veían en la fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires en 1974 y su énfasis en la formación teórica una confirmación de la despolitización, un “parloteo sofisticado e inofensivo” que hacía innecesaria toda persecución. Falto de compromiso, pasivo y apolítico, el lacanismo no representó un peligro real. Esta neutralidad convirtió al lacanismo y sus seguidores en cómplices silenciosos de la dictadura militar. Esta naturaleza también lo condenaba en el presente democrático: ni resistieron a la dictadura, ni formaron parte de los organismos de derechos humanos. Villamor y Fariña estimaban que las posiciones políticas de Lacan habían cambiado tras los sucesos de mayo de 1968, volviéndose sus teorías “oscurantistas” y “socialmente neutralizadoras” (a tono con el clima europeo), siendo esta última versión la recepcionada en la Argentina.
Quienes se asumieron como “lacanianos” no respondieron ni masiva ni públicamente a la acusación, aun cuando confidencialmente aseguraban que los cargos eran malintencionados e infundados. Una de las pocas defensas escritas fue la de la psicoanalista Silvia Amigo (del Centro de Salud Mental Carlos Ameghino de la Ciudad de Buenos Aires, en el que el lacanismo era la corriente prevaleciente, y desde 1979 miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires).
En una compilación de 1993, y en De la práctica analítica. Escrituras (1994), Amigo aceptaba que el lacanismo no compartía las perspectivas “comprometidas”, “militantes” o “revolucionarias” en la salud mental de los 1960 y mediados de los años 1970. Pero para ella la razón radicaba en que el lacanismo la cuestionaba por “religiosa y autoritaria”. Amigo rechazaba tanto la acusación al lacanismo de ser digerible para la dictadura, como su presunto desinterés por lo público. En su lugar, sostenía que la llegada de psicoanalistas lacanianos a los servicios hospitales públicos hizo posible que quienes sufrían psíquicamente fuesen escuchados, no postergando el abordaje de las demandas particulares de los pacientes, a la espera de una transformación liberadora futura de la sociedad. Al contrario, entendían que el sufrimiento psíquico era algo que estaba allí y ahora, y de lo que había que ocuparse ya, lo que representaba una real y no ilusoria oposición a la dictadura.
Los estudios históricos han demostrado cuán inexacto es atribuir al lacanismo una expansión durante la última dictadura, como una adaptación ideológica a los valores del régimen. Al contrario de lo que sugieren las acusaciones, como lo han mostrado Hugo Vezzetti y Mariano Plotkin, la recepción y difusión de la obra de Lacan es indisociable de los cambios en el campo intelectual de las décadas de 1960 y 1970. Quienes le reprochaban un desinterés por lo político y los proyectos críticos y revolucionarios olvidaban que el ingreso del lacanismo fue posible merced a las transformaciones operadas en el mismo marxismo, que abrió sus puertas, entre otros, a Claude Lévi-Strauss o a Louis Althusser. Si bien las genealogías lacanianas han consagrado a Oscar Masotta como padre del lacanismo argentino y solitario héroe cultural, lo cierto es que los textos de Lacan circulaban desde inicios de los 1960. Su difusión respondió a factores como la mencionada pérdida de autoridad de la APA y las demandas de formación psicoanalítica de los primeros psicólogos graduados. Durante parte de los convulsionados 1960 y en la dictadura, este proceso se profundizó con los grupos de estudio extra universitarios. Ya con la transición democrática, el lacanismo arribó a los centros públicos de atención y las carreras universitarias. Por otro lado, las instituciones psicoanalíticas reafirmaron sus lógicas profesionales durante la dictadura, con sus normas específicas de consagración. Pero esto sucedió no sólo con las instituciones lacanianas, sino también con la APA y la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (APDEBA), escisión de la APA creada en 1977. Todas continuaron con sus actividades, eventos y la formación de candidatos.
Ahora bien, contraponer estos procesos históricos a las imputaciones no resulta suficiente para entender las razones por las cuales estas últimas se constituyeron y operaron, al menos durante cierto tiempo. También, sostener que las corrientes llamadas “críticas” de los años 1960 y 1970 fueron desplazadas de los espacios de formación y atención no alcanza para entender el éxito de una perspectiva que contaba con tantos adeptos entre los más jóvenes, pero contra la que se presentaban cargos políticos y morales tan duros. Lo que resulta indispensable es comprender cómo “lacanismo” y “dictadura militar” llegaron a estar conectados. Por empezar, es factible que la asociación cronológica de los orígenes y difusión del lacanismo con la última dictadura militar fuese establecida durante el retorno democrático, o poco antes. Posiblemente, la mayor atención lacaniana por el estudio teórico y su esfuerzo por la delimitación de competencias psicoanalíticas resultaban inadmisibles dentro de los marcos formulados por las corrientes llamadas “críticas” de los 1960 y la primera mitad de los 1970. Desde el punto de vista de estas últimas, las preocupaciones del lacanismo resultaban próximas a las de las instituciones “profesionales” y “apolíticas” (como la APA) contra las cuales habían luchado. La “neutralidad” ideológica que se le endilgaba resultaba inaceptable no sólo por los pasados militantes y revolucionarios, sino para quienes participaban en las organizaciones de derechos humanos, en muchos casos aportando sus saberes para atender a víctimas y sobrevivientes del terrorismo de estado. En la posdictadura, esta atribución de “neutralidad” y “apoliticidad” constituía una mancha imposible de limpiar, puesto que automáticamente conducía a la sospecha. Así, la acusación pretendía hacer visible a un enemigo que se camuflaba en el presente, que no había sido un miembro activo del poder dictatorial, ni participado de los dispositivos de delación o represión. No se trata de un torturador que se mezcla con la multitud y camina sin ser reconocido. Es alguien que realmente es muy parecido o directamente tenido por idéntico a quienes están libres de toda mancha, pero no puede acreditar un pasado militante o una labor reconocida como crítica de la dictadura y el terrorismo de estado. Su culpa consistía en ser una entidad ambigua, difícil de catalogar dentro de ciertos esquemas de clasificación al no poder probar una ascendencia genealógica asociada con las perspectivas político-ideológicas, por un lado, y psiquiátrico-psicoanalíticas, por otro, “revolucionarias” y “críticas”. Quienes adscribían o invocaban a estas genealogías sostenían estar libres de toda sospecha (situándose en la porción pura del mundo), gozando además de la autoridad para orientar las sospechas de impureza o contaminación. Tanto sus adscripciones como las genealogías invocadas les proporcionaban legitimidad política y profesional simultáneamente, pero exigía como contrapartida la identificación pública de los ambiguos en el presente. Es decir, la invocación genealógica confería autoridad para exigir pruebas de probidad a quienes eran identificados como ambiguos y, a la vez, alegaba sólo un modo posible e indudable de pureza.
A diferencia de otros casos de imputación de colaboracionismo o adhesión a la última dictadura militar, la acusación no recayó sobre individuos o instituciones, sino sobre una teoría. Notablemente, la adhesión al lacanismo convertía a individuos e instituciones que aborrecían o habían sufrido las trágicas consecuencias de la dictadura en sus agentes de transmisión en el presente, amén de obligarlos a demostrar su inocencia. Ahora bien, más allá de que hoy esta acusación al lacanismo se haya diluido, constituye un significativo caso que nos permite analizar cómo diferentes sectores de la sociedad han pensado los múltiples vínculos reales o ficticios, oficiales o no, que individuos o instituciones han tenido con la dictadura. Más allá del caso lacaniano, las imputaciones de colaboracionismo con la dictadura constituyen una práctica recurrente en todos los campos de la vida social, que apela a una moralidad política basada en una interpretación del pasado nacional, que se expresa en prácticas acusatorias y defensivas. Desde la finalización de la dictadura, imputaciones de colaboración o complicidad con dicho régimen por parte de personas concretas ha sido uno de los modos más frecuentes, pero menos conocidos, a través de los cuales ha operado el pasado como fuerza activa en el presente. Lo que pone en evidencia el caso lacaniano es el modo en que la apuntada moralidad política se tornó constitutiva de los marcos de admisibilidad pública de los ciudadanos, crucial a la hora de definir identidades profesionales e intelectuales y conferirles legitimidad, en particular para propiciar y dirimir luchas. Personas, instituciones y doctrinas que no han tenido jamás un pronunciamiento a favor de la dictadura, o una participación en cualquier instancia del régimen, pueden ser demandadas a demostrar su no connivencia; en su defecto, corren el riesgo de ser públicamente infectadas y, por ende, condenadas.
Las imputaciones al lacanismo, así, ponen en evidencia que el fatídico pasado no sólo debe ser tratado en relación con las indispensables pretensiones de verdad y justicia, sino que también necesitamos atender a los modos efectivos en que está implantado o enraizado en nuestras acciones y pensamientos, un pasado vivo al que el presente impone sus condiciones.
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*Doctor en Antropologia Cultural por la Univ. de Utrecht (Paises Bajos). Investigador Independiente del ConICET. Presidente del Inst. de Desarrollo Economico y Social (IDES), alli dirige el Programa de Estudios sobre Clases Medias. Autor de: “El Lanus. Memoria y politica en la construccion de una tradicion psiquiatrica y psicoanalitica argentina”. esta preparando ”Merito y destino: clase media, crisis y nacion en la Argentina post crisis”.
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